Fuente: SemanaEconómica.com
El principal cuestionamiento a la exportación del gas de Camisea a México gira en torno al impacto que ello podría tener en la seguridad energética del país. De hecho, los gobiernos regionales sureños (Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna) que manifestaron su oposición al proyecto de exportación de Perú LNG la semana pasada se basaron justamente en este argumento.
En el artículo de portada de su más reciente edición (SE 1222), Semana Económica responde una serie de dudas que existen en torno al mercado gasífero peruano (por ejemplo: ¿es verdad que el proyecto de exportación se va a llevar la mitad de las reservas de Camisea a México?; ¿cuán significativa es la demanda de gas de las empresas industriales que no tienen contrato de suministro?). Sin embargo, la discusión sobre el potencial impacto a la seguridad energética nacional es algo que hemos querido tratar exclusivamente con ustedes en Semanaeconomica.com, para así poder intercambiar ideas y, en el mejor de los casos, atar algunos cabos.
Quisiera plantear un marco referencial para que empecemos a discutir sobre este asunto. Comencemos por definir el concepto de “seguridad energética”. En términos muy sencillos, “seguridad energética” es la capacidad de abastecer de energía a un mercado determinado para cubrir su demanda a un precio que incentive el crecimiento económico de dicho mercado. Nótese, por tanto, que el gas es sólo una de tantas fuentes de energía que se utilizan en el Perú para cubrir los distintos segmentos de su demanda interna.
La interacción entre las fuentes de energía y los distintos segmentos de la demanda es lo que se conoce como la “matriz energética” de un país. En el Perú, por ejemplo, el petróleo y sus derivados se utilizan principalmente para cubrir la demanda del sector transporte, mientras que la hidroenergía se utiliza para cubrir buena parte de la demanda del sector eléctrico. En muchas zonas del país, la leña es la principal alternativa para satisfacer la demanda residencial de calefacción o para cocer alimentos.
El gas natural, en tanto, ha entrado con fuerza al sector eléctrico, ha empezado a abastecer a unas pocas industrias y muestra un crecimiento todavía menor en los sectores residencial y de transporte. Dicho sea de paso, el objetivo del Estado peruano es que el gas llegue a representar un tercio de la matriz energética, mientras que otro tercio sería el petróleo y sus derivados (50% en la actualidad) y otro tercio más la hidroenergía y otras fuentes renovables (eólica, solar, geotérmica, entre otras).
Dicho todo esto, retomemos la pregunta inicial: ¿la seguridad energética nacional está amenazada por el proyecto de exportación del gas de Camisea? Les planteo las dos posturas que se han venido defendiendo en el debate mediático para que se animen a comentar cuál de ellas les parece que tiene más sustento:
• Sí se amenaza la seguridad energética nacional porque la demanda de gas proyectada excede la disponibilidad actual de reservas certificadas. Ésta es la postura que tiene más adeptos.El sustento es básicamente el siguiente: al proyectar la demanda del mercado interno para los próximos 20 años (6.6 TCF) y sumarle la demanda del proyecto de exportación (4.2 TCF), se advierte que las actuales reservas certificadas de los lotes 88 (Camisea) y 56 (Pagoreni) no alcanzan (8.8 TCF de oferta para 10.76 TCF de demanda). Peor aun, si se considera que la exportación debería abastecerse únicamente del lote 56 (el lote 88 tiene precios regulados y técnicamente está separado para abastecer sólo al mercado interno), las reservas certificadas de éste son claramente insuficientes (1.9 TCF para los 4.2 TCF requeridos para la exportación). Lo que se desprende de lo anterior, por tanto, es que el proyecto de exportación debe dejarse en stand by hasta que se descubra en el lote 56 una cantidad de reservas que cubra enteramente la demanda externa, de modo que se elimine por completo el riesgo de tener que recurrir al lote 88 en caso el 56 no se dé abasto. Esta postura implica desconocer el contrato de exportación o renegociarlo con las empresas involucradas.
• No se amenaza la seguridad energética nacional por cuanto es muy probable que el cálculo de reservas aumente significativamente en el mediano plazo. La lógica de lo anterior es que el cálculo de reservas no es una cifra estática sino un dato cambiante en el tiempo. Así, el elevado porcentaje de éxito de los pozos que ya se han perforado en la zona de la zona del gran Camisea (los lotes 88, 56, 57 y 58) hace prever que las nuevas perforaciones que se hagan encontrarán más gas. El ministerio de Energía y Minas estima, por ejemplo, que en el Gran Camisea podrían haber 40 TCF, pero la única forma de comprobarlo es perforando más pozos. En tal sentido, si fuera a desconocerse el contrato de exportación, el perjuicio a la reputación del país y los desincentivos que se crearían para la actividad empresarial especialmente en el sector de hidrocarburos serían tales que esas mayores reservas no se corroborarían con esfuerzos exploratorios. Así, la seguridad energética no sería amenazada en el corto plazo sino, más bien, en el largo plazo, pues no se añadirían reservas de gas al mismo ritmo que el crecimiento de la demanda. Esta postura no se concentra en darle una solución a las empresas locales que actualmente tienen una demanda insatisfecha, pues se confía en que sus requerimientos serán cubiertos apenas se descubran más reservas.
Hay una última variable que es preciso mencionar porque está en el meollo del asunto: el lote 88 tiene precios regulados preferenciales, mientras que otros lotes como el 57 y el 58 (contiguos al 88) cobrarían precios de mercado (más elevados) por el gas que descubran, ya sea que lo vendan en el mercado interno o que lo exporten.
Aquéllas son, a grandes rasgos, las dos grandes posturas que vienen sosteniéndose en la discusión en torno a la exportación del gas de Camisea. ¿Con cuál de ellas está usted de acuerdo?
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